Es la divulgación proactiva de información pública por parte de las instituciones o sujetos obligados, pero que va más allá de lo obligatorio por ley. Pretende crear una dimensión social en el ejercicio del acceso a la información.
Su objetivo es hacer que la información sea accesible, clara y relevante para los ciudadanos, permitiendo la toma de decisiones informadas, fomentando la participación ciudadana y empoderando a la sociedad para monitorear la gestión pública.
Esta figura tiene similitud con de transparencia proactiva que se contemplaba en el modelo anterior a las reformas de 2025. Está prevista en los artículos 50, 51 y 52 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.